El martes pasado, un sicario de un cartel de drogas de catorce años de edad fue condenado a tres años en prisión por asesinato, secuestro y tráfico de cocaína. Edgar Jiménez Lugo, conocido como “El Ponchis”, públicamente ha confesado haber asesinado a cuatro personas y ha declarado haber decapitado a sus víctimas también. En diciembre, después de su arresto por el ejército mexicano, explicó que empezó a trabajar a los 11 años, ganando 200 dólares a la semana.
Un juez mexicano encontró culpable a Jiménez y sentenció al ciudadano estadounidense a tres años en prisión por los cargos, la máxima sentencia permitida para menores de edad en el Estado de Morelos, México.
Ya que los crímenes que cometió Jiménez acontecieron dentro de la jurisdicción mexicana, se puede decir que este niño-asesino casi salió con lo suyo, sobre todo porque recibirá crédito por el tiempo que ha estado encarcelado desde diciembre en espera para su juicio. Le faltan tan sólo dos años y cinco meses de reclusión. Si se hubiese celebrado su juicio en los Estados Unidos, el fin de la historia de Jiménez pudo haber sido muy diferente, tal vez resultadando en cadena perpetua. Durante décadas, en los tribunales norteamericanos, ha sido un tema muy contravertido y delicado el castigo para jóvenes que cometan crímenes punibles por la pena de muerte. En el 2005, en una decisión de cinco a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte estadounidense dictaminó en el caso de Roper versus Simmons que era inconstitucional sentenciar a los menores de edad a la pena de muerte, citando a la octava enmienda de la Constitución que prohíbe castigos inusuales y crueles. [543 US 551 (2005)] Recientemente en el 2010, el caso de Graham versus Florida estableció que el sentenciar a menores de edad a cadena perpetua sin posibilidad de libertad preparatoria (parole en inglés) es inconstitucional en casos que no involucren el homicidio. [No, 08-7412 (20100].
Los individuos afiliados con partidos políticos conservadores aseverarán que si Jiménez sabía que le pagaban por ser sicario, y él luego confesó haber cometido sus crímenes, el menor no debió recibir una sentencia tan leve en ningún país por el simple hecho de su joven edad (Vean los comentarios en página web del 27 de junio del 2011) En muchos cases penales internacionales, el estado y la capacidad mentales de delincuente juegan un papel clave en el momento de determinar y administrar el castigo apropiado para el delito. La sociedad considera que los menores de edad no son plenamente capaces de tomar decisiones bien pensadas y racionales para ellos mismos, a diferencia de la forma que un adulto tomaría una decisión. Por lo tanto existe una edad legal para votar, hacer el servicio militar, prestar servicio como jurado o solicitar una tarjeta de crédito. Si no se le confía al menor el tomar decisiones adultas, es imposible hacerle responsable al mismo grado que a un adulto. En los tribunales penales, el razonamiento no es si el menor sabía lo que hacia, ya que la manera de razonar de un menor sigue siendo inmadura e incompleta.
Desde luego, los fallos de los casos Graham y Roper no pondrán fin al tema de los menores de edad y la pena de muerte. Por el momento, el castigo de Jiménez será el enfrentar a su propio remordimiento y tener que vivir con la memoria de sus transgresiones por el resto de su vida.
Por Tiana Towns
Editado por el Lic. Juan Dotson
Traducido por Rachael Sills